El convenio regulador

El Convenio Regulador es un documento que obligatoriamente debe ser aportado con las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo y donde ambos cónyuges pactan una serie de cuestiones relacionadas con los hijos comunes, con los bienes y los relativos a cuestiones económicas que deberán regir su situación a partir de la separación o el divorcio.

De esta forma, en el Convenio se regularán las consecuencias que se derivan de la separación o el divorcio, si bien su complejidad viene por la amplia cantidad de cuestiones objeto de regulación, del hecho de basarse en el acuerdo de las partes que no siempre es posible, y en la necesidad de la aprobación judicial.

El Convenio Regulador a presentar con las demandas de mutuo acuerdo debe pronunciarse como mínimo sobre los siguientes asuntos:

  • El ejercicio de la patria potestad y la custodia de los hijos comunes.
  • El régimen de visitas del progenitor que no tenga la custodia.
  • El régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, si así se considera necesario y siempre que los abuelos estén de acuerdo en solicitar dichas visitas.
  • Destino de la vivienda y el ajuar familiar.
  • Contribución a las cargas familiares y pensión de alimentos.
  • Liquidación cuando proceda (y si se está de acuerdo) del régimen económico matrimonial.
  • Pensión por desequilibrio económico entre las partes.
  • Se podrán recoger otros posibles pactos a los que las partes hayan llegado siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público.

El Convenio Regulador deberá ser aprobado judicialmente, para que pueda ser ejecutado por las partes en caso de incumplimiento de lo pactado en el mismo. Para que un Convenio Regulador sea aprobado judicialmente deben cumplir unos requisitos indispensables que son:

  • Los acuerdos que contengan no podrán ser dañosos para los hijos.
  • Los acuerdos no podrán provocar un perjuicio grave a uno de los cónyuges.
  • Si se propone un régimen de visitas con los abuelos, éstos deberán prestar su consentimiento ante el juez.

El juez está obligado a aprobar lo que las partes le propongan y solo deberá dejar de hacerlo cuando entienda que se dan algunas de las circunstancias reseñadas en cuyo caso su resolución deberá ser debidamente motivada en ese sentido.

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